El 29 de marzo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENASJUP) 2022, los resultados no solo son alarmantes, las causas son preocupantes y merecen toda la atención del Estado y de la sociedad.
Para 2017 el Sistema reportaba una población de 6 mil 891 personas adolescentes, de las cuales 539 eran mujeres, para 2022 el INEGI reportó que dentro del sistema se encontraban 3 mil 413 personas jóvenes de las cuales el 39 por ciento tienen una edad de entre 12 y 17 años, el 24 por ciento del total, reportó al menos tener un hijo o hija, el11 por ciento se consideró pertenecer a comunidades indígenas o afromexicanas y al menos el 5 por ciento no sabe leer ni escribir. Estos números que apenas representan media cara de la información que nos presenta el informe, nos muestra la obscuridad en la que la niñez y la adolescencia vive.
Cuando recordamos el avance de la legislación, nacional e internacional, en materia de derechos humanos, solemos poner como máximo logro el reconocimiento y protección de las niñas, niños y adolescentes bajo el parámetro del interés superior de la niñez, lo que implica que como autoridades y sociedad nos comprometemos y “velamos” por su cuidado y protección, es decir se tiene conciencia de cumplir, al menos, tres derechos salud, integridad y educación. ¿Qué sucede entonces?, la pregunta puede ser simple, pero llegar a la respuesta no lo es pues requiere del trabajo conjunto si queremos una solución eficaz.
Por ejemplo, observamos que las y los adolescentes tuvieron un antecedente social de vulnerabilidad, es decir poco más del 80 por ciento manifestó vivir con personas adultas dependientes del alcohol, el 34 por ciento dejo su hogar, el 9 por ciento sufrió violencia dentro de su casa y el 5 por ciento vivía en situación de calle al momento de la detención. Quizás dejamos de lado que como padres o tutores debemos preservar y exigir cumplimiento de sus derechos como lo marca la constitución.
Ahora bien durante la detención, el INEGI señaló que al menos el 66 por ciento sufrió un acto de violencia psicológica al momento de la aprehensión y el 51 por ciento fue incomunicado o aislado. El sistema de justicia específicamente requiere precisión y atención a la ley, los protocolos del proceso judicial y de reinserción son claros, la garantía de debido proceso no deja laxitud, acceso a la justicia y debida comunicación son principios básicos.
Nos encontramos ante un hecho que lastima, debe preocuparnos y ocuparnos cada vez más, reducir índices no solo debe reflejarse en números, debe centrarse en el en la niñez, como personas y como sujetos de derechos. Debemos reflexionar en la construcción de un espacio seguro, de desarrollo de la infancia, prevenir y educar son los pilares que deben guiar la reducción delictiva.

X: @SandyRamn